Cuando era niña y crecía en Louisiana, recuerdo haber escuchado el nombre de David Duke y preguntarme cómo alguien así —un ex gran mago del Ku Klux Klan— podía postularse para un cargo público. En la escuela me habían enseñado que Estados Unidos representaba la justicia, la equidad y la igualdad. Seguramente un hombre que alguna vez usó una capucha y lideró un grupo de odio no podría llegar al poder. Pero ahí estaba, a punto de ser elegido gobernador. Y la gente lo aplaudía.
Ese momento me enseñó algo que nunca olvidé: en este estado, el miedo puede ganar.
Ahora lo estoy viendo ganar otra vez —no con capuchas ni cruces en llamas, sino con legislación.
Las leyes recientes de Louisiana no son simplemente “duras contra el crimen”. Son ejemplos de cómo el miedo se escribe en las políticas públicas. Castración quirúrgica para agresores sexuales. Mandato de exhibir los Diez Mandamientos en las aulas. Prohibición de píldoras abortivas. Reinstauración de la silla eléctrica. Leyes sin matices, sin compasión, sin espacio para la complejidad —ni siquiera en casos de violación o incesto.
Estas no son soluciones. Son símbolos. Y los símbolos, cuando están respaldados por la ley, se convierten en herramientas de control.
No lo digo como alguien alineada con un partido político, sino como alguien que ha ocupado un cargo público. Y como periodista, he pasado mi vida observando cómo funciona el poder cuando favorece a unos y castiga a otros. Lo que está ocurriendo hoy en Louisiana no se trata solo de leyes —se trata de quién decide qué es justicia, y para quién.
Creciendo como latina en un estado con una larga historia de migración blanca, segregación urbana y manipulación electoral, entendí desde temprano que el sistema no protegía a todos por igual. En mi familia no se hablaba de política, se hablaba de sobrevivir. Comprendíamos que la justicia no siempre era imparcial —y que a menudo dependía de quién tenía el poder.
Recuerdo que estaba en la universidad cuando estalló el escándalo de “Wrinkled Robe” —una investigación del FBI que duró nueve años y reveló corrupción judicial en la parroquia de Jefferson. Algunos jueces y abogados fueron sancionados. Pero muchos regresaron a sus cargos. Fue entonces cuando dejé de creer en la versión limpia y ordenada de la justicia que me enseñaron en la escuela. Lo que vi fue un sistema que podía reiniciarse para los poderosos, pero nunca para los vulnerables.
Las leyes actuales siguen esa misma lógica. Golpean con más fuerza a comunidades como la mía —comunidades que han sido históricamente sobre-vigiladas, subfinanciadas e ignoradas. No están diseñadas para proteger, sino para intimidar. No buscan prevenir el crimen, sino dar un escarmiento. El mensaje es claro: si te sales de la línea, serás convertido en espectáculo.
Y está funcionando.
Quienes las apoyan lo llaman “orden”. Pero seamos honestos: estas leyes son parte de una estrategia para aferrarse al poder, especialmente en un estado donde los cambios demográficos hacen sentir amenazada a la mayoría política tradicional. Cuando el miedo se convierte en herramienta de gobierno, no se trata de seguridad —se trata de control numérico. Se trata de mostrar quién manda.
Esto va más allá de una administración o un conjunto de leyes. Estas tácticas —el miedo como política, el absolutismo moral, el espectáculo público— están siendo observadas por figuras nacionales que quieren replicarlas en otros lugares. Si funciona aquí, no se detendrá aquí.
Y eso debería preocuparnos a todos.
Porque si la democracia es solo una palabra, personas como yo —formadas al margen de ella— sabemos muy bien cómo se ve cuando desaparece. Ya hemos visto al miedo disfrazarse de justicia en Luisiana. Y lo estamos viendo otra vez.
Y si no lo nombramos por lo que es, seguiremos confundiendo el control con el liderazgo —y el miedo con la fe.
