Luisiana ha aprobado nuevas leyes que aumentan el papel del estado en la aplicación de la ley de inmigración, y muchas familias están preocupadas por lo que esto significa. Estas leyes funcionan de una manera que recuerda a los “expedientes secretos”, donde los casos suceden en silencio y las familias se quedan sin respuestas.
Una nueva ley, la Ley 399, convierte en un crimen que la policía o el personal de la cárcel se niegue a cooperar con las autoridades federales de inmigración. Cualquier persona que no ayude a ICE o a la Patrulla Fronteriza podría enfrentar hasta 10 años en prisión. Esto obliga a los oficiales locales a entregar a las personas, incluso cuando las familias no son informadas de inmediato.
Otra ley, el Proyecto de Ley 307, exige que las agencias estatales reporten a cualquier persona que pida servicios y que no sea ciudadana de los Estados Unidos. Esto incluye atención médica, servicios sociales y otros programas públicos. Ahora las familias pueden tener miedo de pedir ayuda porque su información podría ser compartida con inmigración.
El Proyecto de Ley del Senado 100 va más allá, porque pide que agencias como educación, correcciones y vehículos de motor recojan datos sobre inmigrantes y entreguen reportes cada año. Esto crea un sistema de vigilancia que hace la vida diaria más difícil y aumenta el miedo sobre quién está siendo vigilado.
En conjunto, estas leyes aumentan el secreto. Los traslados a centros de detención pueden ocurrir en silencio. Los registros se comparten sin que las familias lo sepan. Y el acceso a los servicios públicos es desanimado.
