BATON ROUGE, 15 de abril de 2025 — El gobernador Jeff Landry propuso esta semana una serie de reformas para reducir las altísimas tarifas de seguros de automóvil en Luisiana, culpando tanto a las compañías aseguradoras como a los abogados litigantes por el problema. Sin embargo, su postura ha causado divisiones, incluso dentro de su propio partido, y ha generado preocupación entre comunidades vulnerables como la latina.
Durante su discurso de apertura de la sesión legislativa de 2025, Landry afirmó que “una nube oscura continúa flotando en los pasillos de este Capitolio” respecto al tema del seguro. Propone medidas como endurecer la ley de “No Pay, No Play”, aumentando de $15,000 a $100,000 la cantidad que no pueden reclamar quienes conducen sin seguro.
¿Qué proponen los legisladores?
- Rep. Peter Egan (R-Covington) propone el Proyecto de Ley 435, que limitaría los daños por “dolor y sufrimiento” a $5 millones.
- Landry se opone a este proyecto.
- Rep. Emily Chenevert (R-Baton Rouge) introdujo el Proyecto de Ley 431, que cambia cómo se reparte la culpa en los accidentes.
- También haría más difícil obtener compensaciones si hay más de un responsable.
- Landry también está en contra de esta medida.
Por otro lado, el comisionado de seguros, Tim Temple, apoya ambos proyectos y dice que está comprometido a bajar los precios a través de reformas estructurales. La diferencia de opiniones ha provocado una pelea pública entre Temple y el gobernador.
¿Cómo afecta esto a la comunidad latina?
Para muchos inmigrantes latinos en Louisiana, este debate es más que político: es personal. En el estado, las personas sin documentos no pueden obtener licencias de conducir, pero sí pueden comprar seguros de auto. Esto crea un dilema:
- Pagan seguros costosos, pero si están involucrados en un accidente, las leyes actuales —y especialmente los cambios propuestos— limitarían su capacidad para recibir compensación.
- Aumentar el umbral de “No Pay, No Play” a $100,000 castigaría aún más a conductores sin licencia, aunque estén asegurados.
“Estamos pagando por seguros sin poder tener los mismos derechos en la carretera,” dijo Aida Hernandez, residente de Kenner. “Si alguien nos choca, no nos van a pagar. ¿Entonces para qué compramos seguro?”
Mientras el debate legislativo avanza, defensores de derechos civiles piden que se consideren las consecuencias no intencionales para las comunidades inmigrantes que ya enfrentan barreras legales y económicas.
